Por Carlos E. López Castro (editorial de la Revista Historias Contadas # 155)
El Presupuesto Participativo (PP) que llegó a Colombia en el año 2004, ha sido un instrumento que fortalece la democracia a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las problemáticas en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, con miras a un mejor futuro. Es el 5% del presupuesto de libre inversión de la ciudad. El nuevo decreto 473 de 2024, que deroga el anterior, se convierte en una medida antidemocrática. Aquí le contaremos por qué se perfila en un fortín de contratación que seguirá en manos de emporios económicos, aliados con maquinarias politiqueras, para beneficio de financiación de campañas políticas.
El PP tuvo sus orígenes en 1989 con el Partido de los Trabajadores en Porto Alegre, Brasil. Por muchos estudiosos de lo social, es valorado así: “Los resultados han permitido identificar que el PP ha sido un importante instrumento de participación ciudadana en la gestión pública; sin embargo, a pesar que existe voluntad política, queda un trabajo por hacer a fin de democratizar la participación ciudadana en las decisiones sobre el presupuesto y, lograr ejecutar proyectos sociales que den respuesta a las necesidades demandadas por los grupos más desfavorecidos”.
Un comunicado de prensa, del alcalde Federico Gutiérrez, del 24 de julio de 2024, expresa: “Lo que nos ocurrió con el PP de nuestra ciudad es escandaloso. Lo convirtieron en un bazar de la corrupción…” No señor alcalde. Con dos o tres casos aislados de corrupción no se puede generalizar para estigmatizarlo de esta forma. Ni tampoco decir que se han enriquecido con PP, como dice su comunicado, porque en un alto porcentaje había sido ejecutado por muchas organizaciones sociales, donde las exigencias para los informes finales de los contratos ejecutados no dan margen para que las organizaciones ganaran un pago digno por su propio trabajo. Le recuerdo al alcalde que en su anterior mandato de cuatro años, el Colegio Mayor, en los años 2017 – 2018, aún hoy le adeuda muchos millones de pesos, de proyectos de PP, a algunas Juntas de Acción Comunal y a organizaciones sociales, quienes aún no reciben una solución a sus demandas jurídicas.
En el mismo comunicado se dice que el nuevo decreto “tendrá como premisa menos intermediarios”, lo que equivale a reducir la participación con la voz, el voto y anular la ejecución de proyectos por parte de las organizaciones sociales. Menos intermediarios y unos cuántos pulpos contratistas, historia muy conocida en Colombia durante más de 200 años, contrario a las políticas del gobierno nacional que viene mostrando la voluntad de contratar con organizaciones sociales, ricas en su recurso humano, en el conocimiento de sus territorios, con experiencia en cumplimiento y trabajo social y cultural.
El Decreto 473 de 2024 que deroga el Decreto 0146 de 2022 y se reglamentan los procedimientos metodológicos de PP, en los artículos 8 sobre el Comité Gerencial de Proyectos de PP, ni en el artículo 16 sobre Autoridades Administrativas que son las responsables de la ejecución, estarán conformados por 5 funcionarios, pero no figura la participación ciudadana de los consejeros (quienes representan los sectores de la comuna) en el Consejo Comunal y Corregimental de Planeación (CCCP). Además, el Artículo 69 sobre ajustes a los proyectos en la fase de ejecución: las dependencias y los entes descentralizados simplemente deben comunicar, posterior al cambio y ajuste. O sea, no permite la participación ni el consentimiento unánime para la aprobación del cambio con el CCCP, que de nuevo será convidado de piedra.
Los gobiernos están al servicio de la ciudadanía y deben procurar contribuir a la solución de problemas de la sociedad, siguiendo un comportamiento ético en la administración de los recursos públicos, pero esta alcaldía anula la participación y la contratación social.
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