Por Diego Bolívar Hernández (Fundación Historias Contadas Comunicaciones)
El 20 de julio de 2021, día de la independencia, las calles de las principales ciudades de Colombia se llenaron de miles de manifestantes que continúan reclamando por las difíciles condiciones de vida y por la mezquindad del gobierno a dar las garantías y soluciones a las problemáticas sociales que siempre aqueja al país.
Desde el 28 de abril del 2021 miles de colombianos se volcaron a las calles pidiendo que no se tramitara la Reforma Tributaria y la Reforma a la Salud, luego las exigencias empezaron a diversificarse, se pidió matrícula cero, la renuncia del ministro de hacienda, el desmonte del Esmad, una reforma estructural a la Policía, la cancelación de Colombia como sede de la Copa América, entre otras. A regañadientes el gobierno cedió en algunos aspectos, sin embargo, algunas de las propuestas que se prometieron no terminaron de materializarse, tal es el caso de la matrícula cero.
Las jornadas de protesta han sido protagonizadas por la violencia policial desmedida. A la fecha del 21 de julio, según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), van 79 homicidios en el marco del Paro Nacional. Según la ONG Temblores, van 4.687 casos de violencia policial, 2.005 detenciones arbitrarias, 82 víctimas de agresión en sus ojos, 228 casos de disparos con arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, a corte del 28 de junio.
Las cifras y las narraciones de las víctimas por redes sociales, sumado a las peticiones de auxilio a mecanismos internacionales, permitieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hiciera presente en el país del 8 al 10 de junio, luego de una primera negativa del gobierno a la visita. Durante esos días recopilaron datos y escucharon testimonios de las víctimas.
Luego de un mes de la visita, la CIDH entregó un informe donde analiza la coyuntura que vive el pueblo colombiano y da una serie de recomendaciones en busca del salvaguardar los Derechos Humanos.
Pancarta, protesta del 20 de julio en Medellín. Foto: Juliana Orrego Bernal La Comisión fue contundente en sus declaraciones: “Como principales preocupaciones identificó: el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar […] La respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”.
“La Comisión considera que la correcta aplicación de los protocolos sobre uso de la fuerza pública deben responder a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, recomendó.
Sin embargo, el gobierno escuetamente negó su obligación a acatar las recomendaciones, pues alega que el Estado tiene una solidificación de organismos de defensa de los Derechos Humanos. El 20 de julio, durante la jornada de protestas hubo 48 manifestantes heridos.
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