Por Julia Sofia Múnera Restrepo
Columna de opinión
El Acuerdo de Paz con las FARC fue un paso histórico en la búsqueda de la paz y la reconciliación en Colombia. Después de más de cinco décadas de conflicto armado, el Acuerdo representó la esperanza de una nueva era de estabilidad y prosperidad para el país. Sin embargo, desde su implementación ha enfrentado numerosos desafíos y obstáculos.
A pesar de los esfuerzos para garantizar una transición pacífica y justa, muchas comunidades rurales siguen siendo vulnerables en materia de violencia e inseguridad, puesto que la implementación de medidas de protección y la lucha contra grupos armados ilegales en los territorios que las FARC solían controlar sigue siendo un reto.
Sumado a lo anterior, han surgido controversias y desacuerdos sobre ciertos aspectos de la justicia transicional y la reparación de las víctimas, puesto que algunos sectores de la sociedad creen que estas medidas son demasiado flexibles con los excombatientes de las FARC, mientras que otros consideran que son insuficientes; dando como resultado que las discusiones sobre la paz en
Colombia no solo sean políticas sino también jurídicas, pues se debate sobre la compatibilidad de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de las negociaciones de paz.
Por otro lado, la falta de recursos destinados al proceso de paz ha obstaculizado la implementación efectiva del Acuerdo. La implementación de muchos compromisos ha sido lenta y se han registrado retrasos significativos.
Por consiguiente, el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en Colombia se enfrenta a diversos retos diferentes a los mencionados anteriormente, entre los cuales también destaco la necesidad de reestablecer el consenso político, poner en marcha reformas clave para la entrega efectiva de tierras a campesinos y pueblos étnicos, la revisión de planes de desarrollo, entre otros.
Ahora bien, en materia de avances importantes, personalmente creo que se ha realizado un buen trabajo en el desarme, así como también la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, La Unidad de Búsqueda de Personas. Aunque estos avances son significativos, aún es necesario trabajar por garantizar el derecho a la verdad.
El gran desafío es, entonces, terminar de legitimar este proceso y reafirmar la urgencia de la implementación integral para que todo lo acordado pueda ser estrictamente cumplido e implementado.