Fuente: Redacción EL PULSO
La deuda a los hospitales y clínicas del país por la prestación de servicios de salud llegó a los $13.8 billones de pesos, con un 56 % en mora, así lo evidencia el más reciente estudio de cartera hospitalaria, con corte a 30 de junio de 2022, realizado por la Asociación Colombiana de hospitales y Clínicas, ACHC, en el que reportaron información: 204 entidades. En un semestre, la deuda incrementó $1.1 billones, que indica una variación del 8,5 % entre diciembre de 2021 y junio de 2022.
Solo a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas del país las aseguradoras les adeudaban 7.77 billones de pesos, lo que representaba un 3 % más de lo que adeudaban para marzo de este año. Así que las deudas en lugar de ir reduciéndose se van incrementando con el paso del tiempo.
Y no solo es el incremento del total de la cartera, sino su deterioro, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), las deudas de las EPS del régimen contributivo mayores a 360 días pasaron de 1.23 billones de pesos a 1.27 billones en ese trimestre, y las del régimen subsidiado escalaron de 2.70 billones de pesos a 2.81 billones.
La misma entidad reporta que las EPS más deudoras son Nueva EPS con 964 379 millones de pesos, seguida de Asmet Salud EPS que les debe a los hospitales públicos 406 816 millones de pesos. Un capítulo aparte merece las EPS liquidadas, de las cuales Medimás debe 895 499 millones de pesos, Cafesalud 450 345 millones y Coomeva 251 164 millones.
En el caso de la red de salud nacional, que incluye a IPS públicas y privadas, el régimen contributivo debe 7.1 billones de pesos. En este grupo, de las entidades en operación, los mayores deudores son Nueva EPS ($2.1 billones), Sanitas EPS ($694 813 millones) y Sura EPS ($600 721 millones), cuya deuda en conjunto suma más de $3.6 billones. Mientras que el régimen subsidiado adeuda 3 billones de pesos y los mayores deudores son: Savia salud ($394 910 millones), Emssanar ($375 623 millones) y Asmet Salud ($298 552 millones), según datos de ACHC.
Aún no hay cifras consolidadas posteriores a junio de 2022.
Al respecto, Olga Lucía Zuluaga, presidenta de Acesi, aseguró que a quien más perjudica la liquidación de las EPS es a los prestadores, dado que los usuarios terminan trasladados a entidades que les ofrecen una mejor garantía de servicio, mientras que luego de la liquidación cada vez es más difícil recuperar la cartera. Se trata de servicios que ya se prestaron y que no hay quién los pague. Por ejemplo, Caprecom EPS aún debe 113 673 millones a las IPS públicas, y fue liquidada en 2016.
Las cuentas que maneja la Superintendencia dan cuenta de que la deuda que hoy están teniendo las EPS que cursan en liquidación con los prestadores es de 5.4 billones de pesos, pero la que dejaron las EPS cuyos procesos liquidatorios ya finalizaron es de 27.6 billones de pesos. Es decir, entre EPS en liquidación y EPS liquidadas deben 33 billones de pesos con la red pública y privada del país.
De otro lado, ante el incremento de las deudas a los hospitales y clínicas, Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la ACHC, indicó que “este corte de seguimiento a las deudas hospitalarias evidencia un retorno a los niveles de cartera que se habían dado previo a la pandemia por COVID-19; a pesar de que hay mucho dinero en el sistema de salud, no fluye adecuadamente y se acumulan las carteras con un alto nivel de cronicidad”.
Y advirtió que “es urgente que el Gobierno extreme el control a las Entidades que están en operación y no están pagando oportunamente y ante las multimillonarias deudas que están dejando las entidades en liquidación, se estructuren nuevos mecanismos que garanticen el pago de las deudas por servicios de salud que ya fueron prestados y un fondo de garantías que permita el respaldo de las deudas que tienen con los prestadores de servicios de salud y que representan el 32 % de la deuda total”.
La incertidumbre de la reforma
La reforma a la salud que ya anunció la ministra Carolina Corcho para el próximo año tiene preocupado a todo el sector, especialmente a las EPS, que están trabajando con mucha incertidumbre, porque si hay algo más o menos claro es que su papel de intermediarios va a cambiar radicalmente.
Luis Hernán Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), aseguró que en parte esa incertidumbre está haciendo que las EPS concentren su operación en su propia red, así como los pagos de cartera, con miras a que en el futuro cercano no puedan decidir cuáles deudas honrar primero, y bajo el entendido de que es posible que sea esa, la de la prestación del servicio, la labor que sigan desempeñando en adelante, y ya no el aseguramiento.
De hecho, parte de los recursos de las reservas técnicas de las EPS que permitió el Ministerio de agosto para el pago de cartera vencida terminó en manos de la red propia de las EPS y no en los hospitales públicos que les deben meses de nómina y tienen billones en cuentas por pagar a sus proveedores.
Y de otro lado, las IPS privadas han podido otorgar más concesiones a las EPS para que anticipen sus pagos. Sánchez explicó que Savia Salud prefirió pagarle a la red privada, ya que con esta pactó el 30 % de descuento si reducía de manera significativa su cartera, algo que era imposible para los hospitales públicos. “Se entiende que Savia quiere pagar lo máximo que pueda para salvarse de la medida de intervención de la Supersalud, y que ese 30 % le ayuda bastante a reducir su cartera, pero eso deja de últimos a los hospitales públicos que tenemos que seguir brindando la atención”.
¿Por qué no pagan las EPS?
Ante la pregunta acerca de si las EPS no pagan porque no quieren o porque no pueden, Sánchez aseguró que la mayoría no lo hace porque no quiere, pues cuenta con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que reciben por cada afiliado; aunque hay algunas EPS que no pagan porque no pueden, como aquellas que deben hacer esfuerzos adicionales por estar en medida de vigilancia especial o ya intervenidas por la Superintendencia.
Sin embargo, Jaime Arias, quien por varios años fue presidente del gremio de las EPS más grandes (Acemi), aseguró que la cartera no solo debe mirarse desde la óptica de las IPS, porque la raíz del problema viene desde el Gobierno.
En primer lugar, según Arias, debe tenerse en cuenta que, aunque el Ejecutivo pague bien y a tiempo la UPC, esta en algunos años no alcanza para cubrir los gastos en los cuales las EPS incurren para atender a los usuarios, ya que se mide con respecto al costo de los pacientes dos años atrás, y en épocas de alta inflación o de escasez de medicamentos o insumos el recurso no resulta suficiente. Si bien no se trata de una deuda, sí es un faltante que nadie va a pagarle a las EPS, lo cual implica un déficit. Mientras que el pago que le corresponde al Gobierno por los servicios que están por fuera del Plan de Beneficios generalmente tarda mucho en reconocerse.
Además, Arias enfatizó en que no siempre que se habla de cartera se está hablando de deudas vencidas, ya que gran parte de ella tiene menos de 90 días, así que las EPS están a tiempo de pagar sin incurrir en mora, incluso para él es tolerable la deuda de 120 días, aunque de 180 días en adelante ya es preocupante.
El problema, aclaró, es que ha sido muy difícil que las EPS y las IPS puedan conciliar qué es lo que en realidad se debe.