Por Luisa Valencia, Valentina Castaño, Juan Carlos Toro y Diego Bolívar
Crisis en el sector salud
En Colombia, a la fecha del 16 de julio de 2021, la situación de emergencia generada por el Covid-19 está aumentando. Con 4.583.442 casos confirmados, 4.335.929 recuperados y 114.833 muertes, aún no se habla de la superación de esta coyuntura sanitaria. En Bogotá hay un 83% de ocupación de las UCI (unidades de cuidados intensivos) mientras que, en otras regiones, como Norte de Santander, el 92%; Valle del Cauca, 94% y Antioquia 89% de camas ocupadas.
En medio de toda esta emergencia los profesionales del sector de la salud (médicos, enfermeras, auxiliares, químico farmacéuticos) le han puesto el pecho a esta dura situación y son los primeros en enfrentar, desde sus entornos laborales, la contención del Covid-19, llegando a exponer incluso sus vidas. Esta nueva situación ha traído una serie de problemas de distinta índole que van desde la exclusión social, las amenazas y hasta agresiones al personal del sector salud, con la idea infundada, que contagiarán a los demás.
Otra situación que han tenido que afrontar son las escasas ayudas en lo referente a los implementos de bioseguridad. En este aspecto han tenido que recurrir al ingenio en algunas ocasiones para protegerse, como el uso improvisado de bolsas plásticas entre otras, son equipados con elementos de baja calidad dificultando su labor. El sector químico farmacéutico, se ha visto afectado por el volumen de entrega de medicamentos de control a domicilio al triplicarse, y en el aumento en la producción de medicinas que pueden generar errores en el factor humano.
Pero una realidad que ha estado latente incluso desde tiempo antes de la pandemia, es la falta de estabilidad laboral: falta de pago en la seguridad social, inestabilidad laboral que impide desarrollar una labor adecuada y un proyecto de vida, retraso en los pagos e incluso, falta de pagos en algunos casos. Notorio es el caso del médico Heandel Rentería Córdoba del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, quien denunció la falta de elementos de bioseguridad en su labor y la falta de pago desde hacía 8 meses atrás. Lamentablemente falleció por Covid-19, ejerciendo su labor y exigiendo sus derechos laborales.
Esta situación puede rastrearse desde 1993, cuando los hospitales públicos llamados empresas sociales del estado, como establecimientos públicos, funcionaban con planta de personal estables con carreras administrativas, pero producto de la ley 100 de 1993 y de que los hospitales comenzaron a vivir de la compraventa de servicios como consultas externas, cirugías ambulatorias entre otras, las juntas directivas y gerentes decidieron cambiar la forma de contratación, pues acabaron con las plantas de personal de las instituciones públicas y pasaron a lo que se ha llamado intermediación o tercerización laboral. Estas se sustituyeron bajo la modalidad de contratos administrativos de prestación de servicios.
Posteriormente por las demandas mutaron estas formas de contratación, sobre todo en el departamento de Antioquia, a cooperativas de trabajo asociado, que también fueron demandadas y viraron a otras formas de contratación laboral a través de corporaciones y asociaciones. Los hospitales se sostienen de la compraventa de servicios. El Gobierno Nacional al prohibir realizar cirugías ambulatorias, consulta externa y otras actividades que se vendían a las EPS y a las entidades contratantes, creó un hueco financiero del 40% al 50% aumentando el déficit, generando amenazas permanentes de despido de trabajadores por falta de recursos para pagar nómina, esto según el Dr. Germán Reyes, presidente de Asmedas, seccional Antioquia.
En una encuesta conjunta realizada en abril de 2020 por Asmedas y la Federación Médica Nacional se concluyó que a nivel nacional la contratación por medio de estas modalidades es cercana al 80% - 85% y en Antioquia esta cifra llega al 60%. Por otra parte, el Dr. Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, señala que en un estudio descubrieron casos de médicos que llevan 3 años sin recibir su pago. Un estudio del Colegio médico apunta a que el 40% de los médicos está laboralizado, “el tema de las deudas, el tema de la coacción, la pérdida de la autonomía, todo esto era muy grave y pues ahora con la pandemia está peor” apunta Baquero.
Para Germán Reyes en otros hospitales la pandemia no ha retrocedido la contratación tercerizada como en el Marco Fidel Suárez de Bello, el hospital de Caldas, el de Itagüí, el de Caucasia, donde estos contratos “siguen, persisten y se afianzan” señala. El gobierno nacional se comprometió en poner en cintura a las EPS para que pagaran las deudas hospitalarias y no lo han hecho entonces hay amenazas de pérdida de empleo por parte de los trabajadores de la salud. Notorios son el cierre de Génesis, una IPS que le prestaba servicios a Medimás, cerca de 700 trabajadores y otros 700 trabajadores de Saludcoop perdieron sus empleos, también los despidos recientes en el hospital San Vicente de Paúl entre especialistas, médicos generales y enfermeras. 20 trabajadores de la salud fueron despedidos por falta de recursos según el hospital, comenta Reyes.
Hace seis años, en el 2015 se firmó la ley 1751 estatutaria de salud, con ella el gobierno consagra la salud como un derecho fundamental autónomo, garantiza su prestación y lo regula, buscando lograr la reducción de las desigualdades y elevar el nivel de calidad de vida de las personas. Pero la firma de esta ley no se ha visto reflejada en la realidad y menos en el campo laboral de la salud. El problema no es la falta de la ley sino su aplicación.
“En este momento creo que es un tiempo de reflexión en el que el estado debe pensar la realidad de un sistema de salud que no está funcionando bien. Debemos ser abiertos, responsables y pensar con cabeza fría y ver la realidad de las cosas. El gobierno debe ver la deuda gigantesca que tiene con el recurso humano del sistema de salud. Con las mismas instituciones públicas que están en una desventaja violenta, en donde debió haber ido en un subsidio a la oferta y no a la demanda, en donde los pusieron a competir en unas condiciones de inferioridad con el sector privado y hay que ser conscientes que el sector público es el único oferente en un 70% del territorio nacional. Hay que sentarse y pensar en un estatuto laboral para el recurso humano en salud para ya cumplir lo que se dice en la ley estatutaria: la dignificación del ejercicio y la defensa de la autonomía en el ejercicio” concluye Roberto Baquero.
La pandemia ha puesto de manifiesto los esfuerzos que realizan los trabajadores del sector de la salud a pesar de no contar en muchos casos con la protección de sus derechos laborales completamente. Esta es una lucha en la que llevan años en conversaciones con el gobierno y que, al parecer, falta mucho camino por recorrer pues aún es un gran número de estos profesionales los que trabajan por tercerización a pesar de ser un trabajo misional.
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*Análisis tomado de la multimedia “Pandemia: crisis laboral en el sector salud en Colombia”, realizada por Luisa Valencia, Valentina Castaño, Juan Carlos Toro y Diego Bolívar.